Si la inversión en educación fuera más del 10% del PIB (que estamos lejos) nadie se atrevería a enseñar libertad a cambio de censura y de restricciones. No haría falta. La gente sabría quién miente o quién manipula y lo castigaría con su repudio de no leerlo, escucharlo o verlo en TV. La libertad se perfecciona en la educación que permite escoger incluso entre ofertas buenas y muy malas, porque básicamente no hay posibilidad de ser libre sin opciones, sin capacidad de escoger, sin que el propio Estado nos trate de minusválidos a los que solo alguien desde arriba puede ayudarlo a entender algo cuando en realidad con ello se le coarta su libertad.
Discutimos tanto de la ley que nos hemos olvidado de las personas que la cumplen o implementan. No vale tanta palabrería ni articulados cuando una sociedad madura conoce sus derechos y obligaciones. Incluso puede vivir sin constituciones como Inglaterra, dejando a sus jueces que sienten jurisprudencia con sus fallos.
Hemos insistido de manera equivocada a lo largo de nuestros 200 años de vida independiente en creer que con solo enunciar derechos y obligaciones, por arte de magia, se convertían en rectoras del buen hacer y el proceder correcto. No hay norma que se conozca ni se demande sin educación. Y es ahí donde el Estado debe centrar su lucha. Esa que redime y se redime. Esa que alumbrando permite a todos otear un mejor destino. Nadie requiere una ley para cobrarse una revancha tardía y tampoco construye desde ella el espacio de libertad que se nutre solo en el disenso, la discusión y la polémica. La libertad no puede definirse sino como un conjunto de valores sociales que permiten que el ciudadano conozca en el otro su verdadera dimensión humana.
Se equivocan quienes dicen representar el cambio y echan mano a normas restrictivas de la libertad porque en realidad saben que no la desean, pues ella les reclamará más educación, compromiso y responsabilidad. Debemos acabar con esta adolescencia de 200 años que nos hace caminar en círculos buscando por cualquier atajo detener la madurez que nuestros pueblos en realidad reclaman de sus gobiernos con urgencia.
[El estado no debería encargarse de la educación per se, éste debería apoyar a las personas que no pueden acceder a ella, pero de ninguna manera hacerla gratuita y estatal, ya que automáticamente cae presa de la corrupción y de mafias políticas. Podría establecerse algún tipo de bono que se entregaría a su beneficiario y éste podría usarlo en cualquier institución educativa privada, recordando que existen para todos los presupuestos].
Artículo de opinión publicado originalmente en El Comercio, 13 de enero de 2010. Por Benjamín Fernández B.
