Pago de burocracia subió casi mil millones en 2 años

En los 24 meses de gobierno del presidente Rafael Correa se crearon cerca de 35 nuevas instituciones entre ministerios, secretarías, comisiones, unidades e institutos adscritos al Gobierno central, según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Sin embargo no se conoce con exactitud cuántos funcionarios han ingresado y cuál es el costo que representan.

El Ministerio de Finanzas, de manera general y de acuerdo con los presupuestos ejecutados, establece que entre el 2006 (último año del gobierno de Alfredo Palacio) y el 2008 el gasto en sueldos del Gobierno central aumentó de $ 2.602 millones a $ 3.553 millones.

El titular de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), Richard Espinosa, explica que debido a los cambios institucionales que implementó el Gobierno, se privilegió el enrolamiento bajo la modalidad de contratos ocasionales, en lugar de la creación de nuevas partidas.

“Como entramos con este vértigo de cambiar las cosas y mejorarlas de una manera rápida creamos los puestos directivos de libre nombramiento y remoción para los nuevos ministerios. Pero bajo estos puestos solo contratos de servicios ocasionales. Una vez que nos vayamos organizando, de manera coordinada con la Senplades, se crearán las nuevas partidas”, señala Espinosa.Varios organismos cambiaron su nombre -como la Secretaría Técnica del Área Social, que pasó a ser Ministerio Coordinador de Desarrollo Social- y no implicaron nuevos cargos.

La Senres estima -pues no ha presentado estadísticas oficiales- que en el actual Gobierno se crearon 2.100 nombramientos (adicionales a los contratos) y se eliminaron 1.600. También calcula, sin dar cifras exactas, que en cada nueva institución creada se ha contratado un promedio de 30 personas.

Actualmente, la Senplades y la Senres esperan determinar, hasta fin de año, el número real de funcionarios que tiene y que requiere el Estado. Espinosa admite un exceso de personal en el sector público.

En marzo del año pasado inició la evaluación a 70.000 funcionarios. Hasta la fecha, solo 12.000 han pasado por el proceso. Aún no hay resultados.

El Gobierno prevé que el ‘Congresillo’ o la Asamblea, luego de la elecciones de abril próximo, apruebe la nueva Ley Orgánica del Servicio Público, con lo cual regularía las competencias y salarios del aparato estatal, conformado por unos 500.000 empleados.

El director del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), Jaime Carrera, insiste en que “el Estado continúa siendo obeso e ineficiente” y que la creación de nuevos organismos y más burocracia no se justifican.

A su criterio, los cambios institucionales solo responden a la concepción ideológica del Gobierno, pues para una mayor intervención en la economía necesita más gente.

“Se evidencia que no es sostenible tener un Estado grande cuando la economía no responde para sostener ese Estado y más aún cuando se funda sobre el precio del petróleo. No quiere decir que porque usted le ponga más ministerios, profesores o médicos, el Estado se vuelva más eficiente”, insiste.

Según Carrera, el tamaño actual del Estado es insostenible ya que los salarios básicos dentro del sector público (de alrededor de $ 400) casi duplican a los que rigen en el sector privado ($ 218). “Todo el Impuesto a la Renta de todos los ecuatorianos no alcanza para pagar los salarios del sector público. No es justo que todos los ecuatorianos trabajen con gran esfuerzo y ese dinero no alcance para pagar los sueldos de los empleados públicos.

Eso no significa usar eficientemente el dinero de la sociedad”, expresa.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, opina que, por ejemplo, los nuevos ministerios coordinadores no han representado un crecimiento amplio de la burocracia, pero tampoco mayor eficiencia.

Artículo informativo publicado originalmente en el diario El Universo, 13 de enero de 2009.