Entre dos fuegos

Artículo de opinión publicado originalmente en el diario El Comercio, 09 de diciembre de 2008.

Por Walter Spurrier Baquerizo

Con frecuencia, quienes hacemos opinión en la prensa manifestamos preocupación por las iniciativas radicales del Gobierno: la adopción de una Constitución que debilita el derecho a la propiedad privada y que crea un consejo de control social a través del cual el Gobierno a su vez controlará a los otros poderes del Estado; el rechazo a tener acuerdos comerciales con EE.UU. y Europa, y la búsqueda de hacerlo con Irán; anuncio del repudio de la deuda externa; marginación de la inversión petrolera privada; reformas legales para subordinar la banca al Ejecutivo.

A eso se suma la proclama de adhesión al socialismo del siglo XXI que propugna Hugo Chávez y al Sumak Kawsay, opuesto al concepto de desarrollo y la industrialización.

En cambio, algunos de los grupos sociales en cuyos hombros llegó el Presidente al poder reclaman la derechización del Gobierno. Salvador Quishpe, de la Conaie, que la Ley de Minería favorece a las transnacionales; la UNE choca con el Ministro de Educación; Acción Ecológica objeta que el Gobierno proponga un proyecto de ley de seguridad alimentaria que permita los transgénicos.

Kinto Lucas, que fuera asesor del bloque gobiernista en la Asamblea, acusa al Presidente de “doble juego”; el ex subsecretario del entonces ministro de Economía Rafael Correa, Pablo Dávalos, considera al presidente comprometido “de manera radical con el modelo neoliberal”.

El gurú del socialismo del siglo XXI y panegírico del presidente Chávez, Heinz Dieterich, cuando dictó cátedra a los asambleístas en Montecristi en marzo pasado, tildó de “patraña” que el presidente Correa afirme ser parte de la tendencia del socialismo del siglo XXI.

Paradójicamente, un Presidente que mantiene tan alto nivel de apoyo popular no goza de la confianza ni de quienes quieren se preserve un ordenamiento jurídico centrado en los derechos de las personas y a la propiedad, ni tampoco de quienes impulsan el abandono de esa institucionalidad y su reemplazo por otra fundamentada en derechos colectivos.

Es insólito que un Gobierno que está próximo a llegar al medio camino del período para el cual fue elegido aún mantenga tal indefinición.

Esto se puede explicar en parte porque no ha habido Gobierno en la acepción normal de la palabra: Rafael Correa ha estado en campaña sus primeros dos años, y todavía le faltan seis meses más. Y el alto precio del petróleo la ha financiado.

Pero en algún momento esto tendrá que cambiar. Es posible que sea cuando por fin haya quedado atrás el largo período electoral de tres años que permitía al Presidente tomar el control absoluto de los organismos del Estado.

Pero también pudiese ser antes, al secarse la fuente, hasta hace poco aparentemente inagotable, de ingresos petroleros.