Candado comercial

Artículo de opinión publicado originalmente en el diario El Comercio, 04 de noviembre de 2008.

Por Sebastián Hurtado Pérez

La nueva Constitución liquida las posibilidades de que Ecuador avance en la negociación de acuerdos de integración comercial con el resto del mundo y especialmente con el mundo desarrollado debido a varias razones.

Promueve un desarrollo ‘hacia adentro’, lo cual contradice el sentido de los procesos de integración comercial modernos e ignora los enormes beneficios que han obtenido las naciones que han optado por un desarrollo ‘hacia afuera’.

Marca el retorno a un proteccionismo económico que privilegia a las industrias ‘ecuatorianas’ por encima de las industrias ‘competitivas’ y a la producción ‘local’ por encima de la producción de ‘calidad’, lo que dificultará al país avanzar en procesos de integración económica, los que tienen como objetivo mejorar o igualar las condiciones de acceso al mercado internacional.

Introduce rígidas limitaciones en asuntos que usualmente son motivo de negociación en la mayoría de acuerdos comerciales. Por ejemplo, las disposiciones constitucionales que exigen que el Estado privilegie en sus adquisiciones productos nacionales -por encima de productos extranjeros que incluso puedan tener mejor calidad o precio- constituirá uno de los puntos de quiebre en las negociaciones comerciales con la Unión Europea o los EE.UU., que usualmente buscan un acceso equitativo a las compras públicas, tanto más en economías en las que el gasto estatal tiene una importancia tan grande como en Ecuador.

Amplía las facultades del Estado para manipular los precios de productos, servicios y de las transacciones comerciales privadas en general, lo que al mismo tiempo que va a contracorriente de las políticas que impulsa la Organización Mundial del Comercio, introduce un significativo factor de incertidumbre comercial que desincentivará las iniciativas empresariales, el arribo de nuevas inversiones extranjeras y el comercio transfronterizo.

Faculta al Gobierno el crear cuantas empresas estatales considere necesarias, no solo para proveer servicios públicos, sino para desarrollar ‘otras actividades económicas’, lo que a la vez que limita las alternativas de inversión disponibles, convierte al país en un socio comercial menos atractivo.

Privilegia la integración latinoamericana y el comercio sur-sur, lo cual reduce el abanico de potenciales socios comerciales y prioriza los acercamientos con países que no necesariamente constituyen socios comerciales importantes para Ecuador.

Si bien es posible que Ecuador logre avanzar acuerdos comerciales muy limitados con algunos de los pocos aliados internacionales con que hoy cuenta, la nueva Constitución dejará aún más rezagado al país en el acelerado proceso global de integración comercial que vive el mundo.