Por Carlos Alberto Montaner
El embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, un diplomático extremadamente competente, intentó con toda seriedad que el Congreso no destituyera al presidente Manuel Zelaya. Cuando se le agotaron los argumentos y las presiones, hizo algo que lo enaltece ante lo que parecía inevitable: protegió en su residencia al hijo del gobernante para salvarlo de cualquier desenlace violento.
Afortunadamente, la expulsión de Zelaya de la presidencia y del país ocurrió de manera incruenta. No fue exactamente un golpe militar: el Ejército obedeció las órdenes de la Corte Suprema ante las continuas violaciones de la Ley de un gobernante empeñado en hacerse reelegir y en arrastrar al país al campo chavecista del “socialismo el siglo XXI”.
Esa situación, agitada por Hugo Chávez y por Daniel Ortega, que ya hablan de invasiones y de recurrir a la fuerza, puede desencadenar un baño de sangre en el país y destruiría la débil institucionalidad política trabajosamente lograda desde hace tres décadas, cuando terminó, felizmente, la época de las dictaduras militares.
Los hondureños, sin la menor duda, no quieren seguir el camino del caudillismo colectivista y antioccidental. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo peor es recurrir a la fuerza contra la voluntad del propio pueblo. El gobierno del interino Roberto Micheletti ya está llamando a los reservistas y el Ejército se prepara para defender la soberanía nacional.
Se calienta el discurso nacionalista y empieza a forjarse entre los ciudadanos una mentalidad de “defensa de la patria” frente a los enemigos exteriores. La inmensa mayoría piensa que en el extranjero, hábilmente impulsados por los chavecistas, se está preparando una agresión, en la que inexplicablemente esta vez están implicados los norteamericanos del lado de los enemigos de la democracia y el respeto a la Ley. Si estalla el conflicto, uno de los países más pobres de América sufrirá la sangría que ya padecieron Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Sin embargo, hay una solución: adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. Ya existen los candidatos, libremente elegidos en primarias abiertas, y ambos gozan de mucha popularidad.
¿Para qué precipitar irresponsablemente a esa sociedad en un torbellino de violencia? Una vez seleccionado el nuevo Gobierno, provisto de la legitimidad que genera un proceso democrático, los hondureños podrán dejar en el pasado este lamentable episodio. Eso es lo mejor para casi todas las partes en conflicto.
Mel Zelaya habría perdido la partida, pero los hondureños no pagarían con su sangre el precio de los errores y las violaciones de la Ley de un mal gobernante.
Artículo de opinión publicado originalmente en El Comercio, 07 de julio de 2009.
Stiglitz advierte
Por Walter Spurrier Baquerizo
El profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, es el más influyente crítico del capitalismo estilo estadounidense, justo por haber estado en su centro: presidente del consejo de asesores del presidente Clinton, jefe del Banco Mundial, Premio Nobel.
El presidente Correa y los economistas del Régimen con frecuencia se refieren a Stiglitz, por coincidir con él. Tanto Stiglitz como el Gobierno consideran que el FMI y el Banco Mundial han dado malos consejos a los países en desarrollo, y que el consenso de Washington ha sido nefasto.
Esta crisis, sostiene Stiglitz, tiene sus orígenes en las políticas desreguladoras que impulsó el presidente Reagan, quien reemplazó en 1987 al exitoso presidente del Federal Reserve, Paul Volker, por Alan Greenspan, quien mantuvo su cargo hasta 2006, fiel a su convicción que los mercados se autorregulan; permitió el desbande del sistema financiero y el colapso de la economía.
Dicho esto, Stiglitz comienza a reflexionar con perspectiva histórica y se inquieta. En un artículo aparecido en el número de julio de Vanity Fair, Stiglitz observa que los grandes colapsos económicos engendran importantes giros en el tipo de organización económica.
El colapso de hace 80 años fue el inicio de la socialdemocracia en Estados Unidos, antes un país férreamente apegado al capitalismo clásico. La etapa “socialdemócrata” de Estados Unidos duró casi medio siglo.
El fracaso del comunismo soviético llevó a Rusia y Europa del Este a adoptar el capitalismo clásico, por rechazo a toda forma socializante de la organización económica.
Hoy, Stiglitz teme que los países en desarrollo golpeados por la crisis, en lugar de rechazar la desregulación y adoptar un sistema de equilibrio de los sectores estatal y privado en la economía, se vuelquen al marxismo, con desastrosos resultados.
“Muchos países pueden concluir no solo que el capitalismo sin controles al estilo de Estados Unidos ha fracasado, sino que ha fracasado el concepto mismo de economía de mercado… No retornará el comunismo de la vieja escuela, pero sí lo haría una variedad de nuevas formas de intervenciones excesivas en el mercado. Y fracasarán…
Los pobres sufrirán bajo estos nuevos regímenes, que no resultarán en crecimiento. Sin crecimiento no puede haber una sustancial reducción de la pobreza.
No ha habido ninguna economía exitosa que no haya tenido una dependencia fundamental en los mercados. La pobreza genera descontento. Las inevitables caídas económicas, siempre difíciles de manejar, pero en particular por gobiernos que llegan al poder por reacción contra el “neoliberalismo”, llevarán a mayor pobreza”.
Stiglitz ha dictado numerosas conferencias en el país. ¡Que alguien lo traiga de nuevo. Urgente!
Artículo de opinión publicado originalmente en El Comercio, 07 de julio de 2009.
El profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, es el más influyente crítico del capitalismo estilo estadounidense, justo por haber estado en su centro: presidente del consejo de asesores del presidente Clinton, jefe del Banco Mundial, Premio Nobel.
El presidente Correa y los economistas del Régimen con frecuencia se refieren a Stiglitz, por coincidir con él. Tanto Stiglitz como el Gobierno consideran que el FMI y el Banco Mundial han dado malos consejos a los países en desarrollo, y que el consenso de Washington ha sido nefasto.Esta crisis, sostiene Stiglitz, tiene sus orígenes en las políticas desreguladoras que impulsó el presidente Reagan, quien reemplazó en 1987 al exitoso presidente del Federal Reserve, Paul Volker, por Alan Greenspan, quien mantuvo su cargo hasta 2006, fiel a su convicción que los mercados se autorregulan; permitió el desbande del sistema financiero y el colapso de la economía.
Dicho esto, Stiglitz comienza a reflexionar con perspectiva histórica y se inquieta. En un artículo aparecido en el número de julio de Vanity Fair, Stiglitz observa que los grandes colapsos económicos engendran importantes giros en el tipo de organización económica.
El colapso de hace 80 años fue el inicio de la socialdemocracia en Estados Unidos, antes un país férreamente apegado al capitalismo clásico. La etapa “socialdemócrata” de Estados Unidos duró casi medio siglo.
El fracaso del comunismo soviético llevó a Rusia y Europa del Este a adoptar el capitalismo clásico, por rechazo a toda forma socializante de la organización económica.
Hoy, Stiglitz teme que los países en desarrollo golpeados por la crisis, en lugar de rechazar la desregulación y adoptar un sistema de equilibrio de los sectores estatal y privado en la economía, se vuelquen al marxismo, con desastrosos resultados.
“Muchos países pueden concluir no solo que el capitalismo sin controles al estilo de Estados Unidos ha fracasado, sino que ha fracasado el concepto mismo de economía de mercado… No retornará el comunismo de la vieja escuela, pero sí lo haría una variedad de nuevas formas de intervenciones excesivas en el mercado. Y fracasarán…
Los pobres sufrirán bajo estos nuevos regímenes, que no resultarán en crecimiento. Sin crecimiento no puede haber una sustancial reducción de la pobreza.
No ha habido ninguna economía exitosa que no haya tenido una dependencia fundamental en los mercados. La pobreza genera descontento. Las inevitables caídas económicas, siempre difíciles de manejar, pero en particular por gobiernos que llegan al poder por reacción contra el “neoliberalismo”, llevarán a mayor pobreza”.
Stiglitz ha dictado numerosas conferencias en el país. ¡Que alguien lo traiga de nuevo. Urgente!
Artículo de opinión publicado originalmente en El Comercio, 07 de julio de 2009.
Inversión extranjera directa
Ecuador registró, en 2008, un incremento del capital extranjero que alcanzó los $973 millones respecto al año anterior, que fue de $194 millones. Expertos tienen diversas explicaciones del tema.
La inversión extranjera directa (IED) en el Ecuador es uno de los puntos que genera mayor discrepancia entre analistas y personeros del Gobierno Central. Para personas cercanas al Régimen del presidente Rafael Correa la inversión de 2008 es alentadora.
Ese es el caso de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, quien considera que los $973 millones que llegaron "de fuera" en 2008 son una señal positiva para el Ecuador. "Es bastante evidente el crecimiento que existe en relación con 2007, pues en ese año tuvimos unos $194 millones en inversión", expresó en el marco del foro Economía Territorial organizado por el Banco Territorial esta semana en Quito.
A pesar de concordar con las cifras, para Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, el positivismo del Gobierno es un espejismo. "El país no cuenta con un ambiente propicio para la inversión foránea. La nueva Constitución no da garantías para que inversores vengan al país" comentó.
Además, el incremento de 2008 no se debe a que el país se haya hecho atractivo para la inversión, pues, por el contrario, su imagen ha decaído. "El crecimiento del año pasado se debe a la reinversión del sector petrolero y el de telecomunicaciones en el país. No hay nuevos inversores, los ingresos son dados por empresas habituales y asentadas en el Ecuador", añadió.
Por su parte, Pablo Dávalos, experto económico, considera que el discurso del Gobierno es retórico y despegado de la realidad. "Sería un error confiar en que el sector productivo crecerá por la IED. La inseguridad fiscal que tenemos es un repelente para el capital extranjero", afirmó.
Según datos de la Comisión de Estudios Económcios para América Latina (Cepal), las empresas de telefonía movil Porta y Movistar pagaron $700 millones para continuar operando en el país. De ese valor, $220 millones fueron cancelados por Otecel (Movistar), y unos $480 millones por Conecel (Porta) durante 2008.
El informe de la Cepal, además, indica que $250 millones llegaron para las actividades petroleras o mineras. Mientras que para el sector manufacturero ingresaron unos $170 millones en el mismo período.
Para tener un panorama real de la situación nacional en el tema es necesario revisar la inversión en países vecinos. "La inversión de otros países como Colombia, en 2008, llegó a $16 000 millones. En comparación con esta cifra, nuestro ingreso es mínimo", señaló el titular del Observatorio.
Para Dávalos, el único sector que podría verse beneficiado por dinero del extranjero es la minería. "Este podría ser un área interesante para invertir; sin embargo, los conflictos sociales y los problemas ambientales que genera la hacen poco rentable a futuro", explicó.
De todas formas, los analistas coinciden en que, si no se resuelven nuevos acuerdos comerciales con otros países, difícilmente el Ecuador saldrá de esta situación.
Artículo informativo publicado originalmente en el diario Hoy, 06 de julio de 2009.
La inversión extranjera directa (IED) en el Ecuador es uno de los puntos que genera mayor discrepancia entre analistas y personeros del Gobierno Central. Para personas cercanas al Régimen del presidente Rafael Correa la inversión de 2008 es alentadora.
Ese es el caso de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, quien considera que los $973 millones que llegaron "de fuera" en 2008 son una señal positiva para el Ecuador. "Es bastante evidente el crecimiento que existe en relación con 2007, pues en ese año tuvimos unos $194 millones en inversión", expresó en el marco del foro Economía Territorial organizado por el Banco Territorial esta semana en Quito.
A pesar de concordar con las cifras, para Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, el positivismo del Gobierno es un espejismo. "El país no cuenta con un ambiente propicio para la inversión foránea. La nueva Constitución no da garantías para que inversores vengan al país" comentó.
Además, el incremento de 2008 no se debe a que el país se haya hecho atractivo para la inversión, pues, por el contrario, su imagen ha decaído. "El crecimiento del año pasado se debe a la reinversión del sector petrolero y el de telecomunicaciones en el país. No hay nuevos inversores, los ingresos son dados por empresas habituales y asentadas en el Ecuador", añadió.
Por su parte, Pablo Dávalos, experto económico, considera que el discurso del Gobierno es retórico y despegado de la realidad. "Sería un error confiar en que el sector productivo crecerá por la IED. La inseguridad fiscal que tenemos es un repelente para el capital extranjero", afirmó.
Según datos de la Comisión de Estudios Económcios para América Latina (Cepal), las empresas de telefonía movil Porta y Movistar pagaron $700 millones para continuar operando en el país. De ese valor, $220 millones fueron cancelados por Otecel (Movistar), y unos $480 millones por Conecel (Porta) durante 2008.
El informe de la Cepal, además, indica que $250 millones llegaron para las actividades petroleras o mineras. Mientras que para el sector manufacturero ingresaron unos $170 millones en el mismo período.
Para tener un panorama real de la situación nacional en el tema es necesario revisar la inversión en países vecinos. "La inversión de otros países como Colombia, en 2008, llegó a $16 000 millones. En comparación con esta cifra, nuestro ingreso es mínimo", señaló el titular del Observatorio.
Para Dávalos, el único sector que podría verse beneficiado por dinero del extranjero es la minería. "Este podría ser un área interesante para invertir; sin embargo, los conflictos sociales y los problemas ambientales que genera la hacen poco rentable a futuro", explicó.
De todas formas, los analistas coinciden en que, si no se resuelven nuevos acuerdos comerciales con otros países, difícilmente el Ecuador saldrá de esta situación.
Artículo informativo publicado originalmente en el diario Hoy, 06 de julio de 2009.
Desperdicio
Por Simón Espinosa Jalil
El asunto de Fabricio Correa fue una decepción para muchos seguidores sinceros de la Revolución Ciudadana, quienes creían de corazón que por fin la corrupción estaba siendo desterrada.
Si ni siquiera con un hombre que parecía tan honesto, como el Presidente, se puede evitar la influencia de familiares en asuntos públicos, ¿entonces qué podemos esperar con los otros políticos que esperan para hacerse con el poder?
La respuesta, una vez más, es que la solución a nuestros problemas no depende de un providencial Gran Hombre, por más virtuoso que sea, porque las causas son más profundas y, por lo tanto, más difíciles de superar.
En el caso de la corrupción, una razón es cultural. Entre nosotros, el amor por la familia, por encima de todo lo demás, es una virtud social. Así, hay empresas familiares que andarían mucho mejor si los administradores fueran externos; los puestos hereditarios no son raros en el sector público; familias enteras ocupan cargos en instituciones públicas y privadas; y, en casi todos los últimos gobiernos, uno o más familiares de altos funcionarios han estado merodeando cerca del poder.
Al contrario, si un funcionario se porta mal con su familia, corre el riesgo de que su círculo cercano y la opinión pública lo consideren un desalmado. Por eso, quizás, un grave conflicto de conciencia pareció afectar al Presidente antes de tomar acciones en contra de su hermano, una decisión que, en otros países, habría sido obvia e inmediata.
Otra razón es la estructura de nuestra economía, que gira alrededor del dinero estatal. En este mismo momento, seguramente cientos de brillantes jóvenes están ocupando sus neuronas en hacerse “listos”, es decir, desarrollar las relaciones correctas y los procedimientos tortuosos para conseguir ventajas con el Estado.
Esas mismas neuronas podrían estar creando nuevos productos, servicios o tecnologías para beneficio de la población.
En el primer caso, la energía intelectual del país se concentra en desarrollar un comportamiento parasitario. En el segundo, se transforma en creatividad y productividad. Es un terrible desperdicio.
Artículo de opinión publicado originalmente en La Hora, 02 de julio de 2009.
El asunto de Fabricio Correa fue una decepción para muchos seguidores sinceros de la Revolución Ciudadana, quienes creían de corazón que por fin la corrupción estaba siendo desterrada.
Si ni siquiera con un hombre que parecía tan honesto, como el Presidente, se puede evitar la influencia de familiares en asuntos públicos, ¿entonces qué podemos esperar con los otros políticos que esperan para hacerse con el poder?
La respuesta, una vez más, es que la solución a nuestros problemas no depende de un providencial Gran Hombre, por más virtuoso que sea, porque las causas son más profundas y, por lo tanto, más difíciles de superar.
En el caso de la corrupción, una razón es cultural. Entre nosotros, el amor por la familia, por encima de todo lo demás, es una virtud social. Así, hay empresas familiares que andarían mucho mejor si los administradores fueran externos; los puestos hereditarios no son raros en el sector público; familias enteras ocupan cargos en instituciones públicas y privadas; y, en casi todos los últimos gobiernos, uno o más familiares de altos funcionarios han estado merodeando cerca del poder.
Al contrario, si un funcionario se porta mal con su familia, corre el riesgo de que su círculo cercano y la opinión pública lo consideren un desalmado. Por eso, quizás, un grave conflicto de conciencia pareció afectar al Presidente antes de tomar acciones en contra de su hermano, una decisión que, en otros países, habría sido obvia e inmediata.
Otra razón es la estructura de nuestra economía, que gira alrededor del dinero estatal. En este mismo momento, seguramente cientos de brillantes jóvenes están ocupando sus neuronas en hacerse “listos”, es decir, desarrollar las relaciones correctas y los procedimientos tortuosos para conseguir ventajas con el Estado.
Esas mismas neuronas podrían estar creando nuevos productos, servicios o tecnologías para beneficio de la población.
En el primer caso, la energía intelectual del país se concentra en desarrollar un comportamiento parasitario. En el segundo, se transforma en creatividad y productividad. Es un terrible desperdicio.
Artículo de opinión publicado originalmente en La Hora, 02 de julio de 2009.
La ley del embudo
Por Carlos Jijón
Debo admitir que ni siquiera me sorprendí cuando escuché a los periodistas de Telesur (la cadena de noticias auspiciada por el gobierno de Venezuela) reclamar airadamente por el cierre de varios canales de televisión en Honduras.
Ellos, que representan a un Gobierno que cerró ya a Radio Caracas Televisión y que ha anunciado también el retiro de la frecuencia de Globovisión; ellos, que representan a una corriente política que propugna por cerrar a otro canal de televisión aquí en el Ecuador, ellos denunciaban ayer, indignados, el ataque a la libertad de expresión por parte del Gobierno hondureño en funciones. Y sospecho que pocos se han sorprendido, porque ya nos vamos acostumbrando a ese doble discurso.
Zelaya violó la Constitución de Honduras al forzar (con el auspicio de Venezuela, que hasta le imprimió las papeletas) una "encuesta" para plantear una reforma que le permita reelegirse, pese a la opinión en contra del Congreso y de la Corte Suprema de su país.
Hace un mes, cuando impulsaban el regreso de Cuba al sistema interamericano, el propio Zelaya declaró que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos era "una babosada", en medio del coro de sus presidentes aliados que clamaban por la necesidad de salir de la OEA. Han cerrado congresos, perseguido medios de comunicación, concentrado el poder de manera antidemocrática, para ahora cobijarse en la OEA y clamar por la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.
Yo creo que los que creemos en la democracia, en la vigencia de una democracia republicana en la que se respeten los derechos de las personas y sus libertades, debemos tomar nota de esa hipocresía y continuar con la defensa de nuestros valores. El golpe de Estado en Honduras debe ser condenado. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos debe respetarse, y los países que no respeten sus normas deberán ser expulsados del sistema como unos parias.
Por supuesto, eso incluye a Cuba. Y también a Venezuela, a Bolivia y al Ecuador. Va a ser difícil entender que Honduras sea expulsada por sacar del poder a un presidente que violó la Constitución y que, al mismo tiempo, recibamos alborozados a un Régimen que se perpetúa en el poder con el apoyo de las armas desde hace 50 años. La democracia no es solo un presidente que gana elecciones. Supone también el respeto a la independencia a las otras funciones que igualmente han sido elegidas por el pueblo, y la separación e independencia de las mismas. Incluye el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Implica el respeto a la vigencia de la libertad de expresión, y que esta no sea reprimida mediante subterfugios ni procesos en los que se pisotea la Ley y la Constitución.
Por supuesto, debemos defender la democracia en Honduras y la vigencia de los valores democráticos en la América toda. Y debemos diferenciar también a quienes pretenden utilizar la lucha por la libertad como un parapeto para liquidarla.
Artículo de opinión publicado originalmente en el diario Hoy, 02 de julio de 2009.
Debo admitir que ni siquiera me sorprendí cuando escuché a los periodistas de Telesur (la cadena de noticias auspiciada por el gobierno de Venezuela) reclamar airadamente por el cierre de varios canales de televisión en Honduras.
Ellos, que representan a un Gobierno que cerró ya a Radio Caracas Televisión y que ha anunciado también el retiro de la frecuencia de Globovisión; ellos, que representan a una corriente política que propugna por cerrar a otro canal de televisión aquí en el Ecuador, ellos denunciaban ayer, indignados, el ataque a la libertad de expresión por parte del Gobierno hondureño en funciones. Y sospecho que pocos se han sorprendido, porque ya nos vamos acostumbrando a ese doble discurso.
Zelaya violó la Constitución de Honduras al forzar (con el auspicio de Venezuela, que hasta le imprimió las papeletas) una "encuesta" para plantear una reforma que le permita reelegirse, pese a la opinión en contra del Congreso y de la Corte Suprema de su país.
Hace un mes, cuando impulsaban el regreso de Cuba al sistema interamericano, el propio Zelaya declaró que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos era "una babosada", en medio del coro de sus presidentes aliados que clamaban por la necesidad de salir de la OEA. Han cerrado congresos, perseguido medios de comunicación, concentrado el poder de manera antidemocrática, para ahora cobijarse en la OEA y clamar por la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.
Yo creo que los que creemos en la democracia, en la vigencia de una democracia republicana en la que se respeten los derechos de las personas y sus libertades, debemos tomar nota de esa hipocresía y continuar con la defensa de nuestros valores. El golpe de Estado en Honduras debe ser condenado. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos debe respetarse, y los países que no respeten sus normas deberán ser expulsados del sistema como unos parias.
Por supuesto, eso incluye a Cuba. Y también a Venezuela, a Bolivia y al Ecuador. Va a ser difícil entender que Honduras sea expulsada por sacar del poder a un presidente que violó la Constitución y que, al mismo tiempo, recibamos alborozados a un Régimen que se perpetúa en el poder con el apoyo de las armas desde hace 50 años. La democracia no es solo un presidente que gana elecciones. Supone también el respeto a la independencia a las otras funciones que igualmente han sido elegidas por el pueblo, y la separación e independencia de las mismas. Incluye el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Implica el respeto a la vigencia de la libertad de expresión, y que esta no sea reprimida mediante subterfugios ni procesos en los que se pisotea la Ley y la Constitución.
Por supuesto, debemos defender la democracia en Honduras y la vigencia de los valores democráticos en la América toda. Y debemos diferenciar también a quienes pretenden utilizar la lucha por la libertad como un parapeto para liquidarla.
Artículo de opinión publicado originalmente en el diario Hoy, 02 de julio de 2009.
